Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cumple 10 años en Chile

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"Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan."
José Martí




El día 29 de julio de 2008, Chile firmó y ratificó ante el Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -así como también su protocolo facultativo-, un tratado internacional que tiene 177 países signatarios que refuerza los derechos de los 16.7% de chilenos que viven con discapacidad.

Han pasado ya 10 años, ¿se cumplen estos derechos que esta convención consagra? La gran mayoría tenemos claridad de que no. En agosto de 2012, Chile envió a Naciones Unidas el Informe Inicial de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dando cuenta de la situación actual. Claro que fue desde el punto de vista del Gobierno, imagínense lo hubiésemos escrito las personas con discapacidad y sus familias... Este documento tiene 58 páginas que sinceramente duele leer.

Luego, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 22 de abril de 2016, emitió un Informe sobre Chile con las observaciones del comité basado en el Informe Oficial de Chile. Este informe cuenta con 3 aspectos positivos y 67 "áreas de preocupación y recomendaciones". ¡67! Son solo 10 páginas, recomiendo leerlo porque esto debiese guiar nuestro trabajo desde Estado y Sociedad Civil.

Entre las observaciones, hay cosas como esta:

33. El Comité se encuentra profundamente preocupado por las evidencias de que en el Estado parte se lleven a cabo prácticas tales como: psicocirugías, tratamientos electroconvulsivos, aislamientos prolongados en celdas sin calefacción ni servicios básicos, contenciones físicas y otros tratamientos considerados crueles, inhumanos o degradantes, con el único propósito de “disciplinar” o “corregir conductas desviadas”, a personas con discapacidad psicosocial. 
34. El Comité recomienda al Estado parte la prohibición explícita de prácticas consideradas “disciplinarias” o “correctivas” contra las personas con discapacidad psicosocial internadas en centros psiquiátricos públicos y privados u otros de privación de libertad. Asimismo solicita se inicien procesos de investigación sobre los hechos denunciados, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. 

Cuesta creerlo, pero esa es nuestra situación actual en Chile. La verdad es que este Informe también duele leerlo. Si me preguntan a mí, nosotros somos también responsables como sociedad civil y familiares de personas con discapacidad. ¿Quiénes han leído la Convención? ¿Quiénes manejan los derechos que esta instaura o el nuevo modelo de discapacidad? Somos sujetos de deberes y derechos.


LÉANLA. No podemos promover la inclusión de nuestros hijos si no conocemos cuáles son sus deberes y derechos. 



Aquí están todos los enlaces mencionados:



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